El calvario del doctor Luis Montes y su equipo comenzó en 2005 a raíz de una denuncia anónima a la que dieron cuerda  todos los altavoces  de la carcundia política, religiosa y mediática.

El Mundo, ABC, La Razón, TeleMadrid, la COPE, la Presidenta regional y su entonces consejero de Sanidad, todos ellos llamaron asesinos a los médicos del servicio de cuidados paliativos del Hospital Severo Ochoa. Todos deberían pagar por sus injuriosas declaraciones, todos deberían pagar por haber truncado la carrera profesional de muchas personas comprometidas con su trabajo, con su Hospital y con sus pacientes.

No hubo mala-praxis médica, no hubo nada fuera de lo normal, nada en contra de la voluntad expresa de los pacientes y de los familiares (más bien todo lo contrario).

La mala práxis fue política, fue la de este gobierno regional empeñado en meter curas en hospitales y en colarnos la moralina de los clavos y las cruces hasta en la sopa. Un gobierno regional que trató de desacreditar la sanidad pública por medio de sus profesionales, comparándolos -sin pruebas, con mentiras y a raíz de una denuncia anónima- con matarifes sin estómago.

La Justicia pone en su sitio -en el de los calumniadores, en el de los difamadores y el de los pésimos profesionales- a Jimenez Losantos, Isabel Sansebastian y López Schlichting.

¿Y qué hay de Aguirre? Ni ha pedido ni pedirá perdón. Ese no es su estilo. Expulsó a un grupo de médicos molestos (sorprende, o en realidad no, que algunos de ellos fueran sindicalistas y personas políticamente comprometidas con la buena marcha de los servicios públicos madrileños) para meter a sus dóciles afines, aunque estos sustitutos fueran -médicamente- menos válidos. Ese sí es su estilo, el del todo vale, el del abuso de poder, el de la arbitrariedad.

La polémica del Severo Ochoa viene de tiempo atrás, por ello os recomiendo el visionado de este video (dividido en seis partes) para recordar detalladamente lo que sucedió en aquel hospital de Leganés, para poder imaginar la situación de esos médicos represaliados y apartados de su empleo por razones políticas.