Con un “tendré que ir a la privada”. Así se cierra el círculo vicioso que acorrala desde hace años a la sanidad pública madrileña.
Una frase de resignación, de triste renuncia a un derecho social e individual básico, como es el de la atención sanitaria universal, pública, gratuita y de calidad.
La falta de financiación, la desatención, la falta de voluntad política y los jugosos intereses privados derivados del negocio más lucrativo que existe (dada la rígida e ineludible demanda de un médico por parte de un enfermo), vienen a desembocar en lo que muchas veces ya hemos advertido: en el desmantelamiento de lo público en beneficio de opciones privadas.
De seguir así las cosas, el thatcherismo rampante de nuestra marquesa-presidenta dejará lo público en los huesos, como una opción subsidiaria, la opción B, la de los pobres y los inmigrantes, como sucede en los modelos de “Estado mínimo”.
En fin, una estrategia redonda que comienza a dar sus amargos frutos al ciudadano y prolíficas cosechas a los amigos de la presidenta.
Parece que existe una dramática (y anunciada) relación causa-efecto entre una cosa y la otra. Relación espuria, mentira (o sencillamente culpa de Zapatero) preferiría decir seguramente la más ancha que larga y siempre irresponsable Esperanza Aguirre.
Parece que menos inversión por habitante (a pesar de que la población crece), más regalo de suelo y de dinero público a hospitales semi-privados gestionados por empresas amigas, menos movilización de recursos, menos personal, más hacinamiento y más listas de espera… son factores que no pueden sino afectar negativamente a la calidad de la asistencia dada a los ciudadanos madrileños.
Que una enfermera de neonatos tenga que acudir a solventar una urgencia en otra sección y que cubra su puesto otra sin experiencia, nos da una idea del estado de la sanidad en Madrid. Y todos imaginamos, o mejor dicho: todos sabemos las consecuencias de la chapuza. El último caso conocido también tuvo nefastas consecuencias para el paciente y sus familiares; dicho caso ha terminado con una multa contra el servicio de salud madrileño por desatender y dejar “aparcado” a un anciano que pasó agonizando una noche entera en el hospital Gregorio Marañón sin ser trasladado a la UCI.
Y aquí nadie da explicaciones. Ese no es el estilo de la dama de hierro española
Continúa la voladura coordinada y desde dentro. Son las autoridades regionales, con su interesada dejación y su intolerable desidia las que están llevando el desprestigio y la degradación material a nuestro sistema sanitario. Recuerden que estamos hablando de ese partido político que odia la política, de ese partido que aún habiendo asumido la responsabilidad gubernativa es capaz de decir a los ciudadanos aquello de “quien quiera seguridad que se la pague”, ese partido que está inscribiendo ya el “quien quiera sanidad que se la pague”. Quien quiera sanidad rápida y de calidad, sin camillas en los pasillos, sin fatales errores sanitarios… que se la pague.
Para Aguirre, los defensores de la sanidad pública no somos más que unos folloneros a sueldo de los sindicatos que nos dedicamos a estroperle sus no-inauguraciones de sus no-hospitales (siempre a quince días de las elecciones) con gritos y pancartas molestas. No. Quienes defendemos una sanidad pública de calidad para todos defendemos la igualdad, la dignidad, defendemos la raíz de la democracia y los derechos básicos de la ciudadanía. Y en esta región no nos vamos vamos a callar ante las violaciones de nuestros derechos por parte de unos irresponsables antipolíticos que pese a propinar recurrentes coscorrones con ejemplares de tapa dura de la Constitución, no terminan de creerse el Estado Social Democrático y de Derecho que esta propugna.
Esta semana se ha celebrado el segundo debate sobre el estado de la Región de esta legislatura y con él ha dado comienzo el nuevo curso político madrileño.
Los que pudimos seguir el debate por televisión vimos a una Aguirre de perfil bajo, menos huracanada de lo normal y que en algunos momentos de la jornada incluso llego a aburrir a los diputados de su grupo, lentos a la hora de aplaudir a su lideresa.
La oposición dejó escapar viva a una Aguirre bastante acorralada por sí misma y por los escándalos -espionaje y corrupción- que se asocian a su de por sí polémica gestión al frente de esta Comunidad que se le sigue quedando pequeña, a juzgar por sus constantes referencias y ataques al presidente del gobierno de la nación. Otro que se creía sentado en el Congreso de los Diputados o en el Senado en lugar de en la Asamblea regional fue David Pérez -portavoz del PP- que se refirió al estado de nuestra comunidad, objeto del debate, en contadísimas ocasiones. En contadas ocasiones, pues, se hizo referencia a los problemas de los ciudadanos madrileños. Sólo del paro y ese, como ya saben, es culpa completa de Zapatero. Sí, porque Aguirre ha hecho muchísimo porque los trabajadores de Iveco, BP Solar y Arcelor Mittal -afectados por EREs- mantengan sus puestos de trabajo, como todos sabemos.
En lo demás (y a pesar de Zapatero) Madrid es una Arcadia feliz. Se nos intentó convencer, las más de las veces sin datos y con la sola invocación de la fe y de la credulidad del oyente, de que Madrid tiene la mejor sanidad de todo el país, de que se invierte a expuertas en la educación pública (cuando la madrileña es la comunidad que menos gasto educativo medio destina a tal fin en relación a su Producto Interior Bruto), que no hay un fracaso escolar sensiblemente superior al de la media nacional (y que de haberlo, como la violencia en las aulas y la degradación del papel del maestro, es por culpa de las leyes socialistas, como se llegó a decir con el desparpajo habitual), que el presupuesto destinado a la universidad pública no se está recortando sistemáticamente, que no hay listas de esperas quirúrgicas más allá de los treinta días a los que condiciono su continuidad en la presidencia, que los hospitales de pega que ha diseminado el gobierno regional funcionan perfectamente, etcétera.
No sé qué Madrid frecuenta la consorte de Murillo, desde luego no el Madrid de los madrileños.
En la comunidad de Madrid vamos hacia un sistema de salud de gestión privada gestionada por empresas. Vamos hacia ese modelo precario y caro (en contra de lo que se piensa), hacia un modelo censurado por la Organización Mundial de la Salud, hacia un tipo de gestión importada de allende los mares y que ya ha desmantelado el sistema nacional de salud de otros países en beneficio de poderosas multinacionales extranjeras que mercantilizan uno de los derechos humanos más básicos e irrenunciables.
La privatización es un proceso lento pero implacable. Un proceso las más de las veces disimulado ,a pesar del desenvuelto desparpajo neoliberal que nos gobierna. Suelen disfrazarse, adornarse y en no pocas ocasiones, ocultarse tras el habitual torrente de falacias y mentiras las verdaderas implicaciones que conlleva esta política abstencionista que viene a dejar expedito el camino al sector privado con sus beneficios, sus recortes de gastos, sus cotizaciones y sus balances a final de año.
Al Vicente Soldevilla (que da servicio de atención primaria a un millón de madrileños), al Virgen de la Torre (Vallecas) y al de Aranjuez.
Estos tres centros serán cerrados (reconvertidos, dice la Comunidad de Madrid) y puestos en manos de una empresa privada llamada Ribera Salud en la que casualmente trabaja uno de los directivos de la consejería de salud madrileña. Qué sorpresa ¿no? ¿Como imaginar esto del Partido de la gürtel y la Fundescam?
Los laboratorios citados anteriormente habían realizado una completa remodelación en sus respectivas dotaciones tecnológicas. Es decir, con el cierre y la privatización de los mismos se despilfarran los recursos públicos ya invertidos en los laboratorios, se desprecian los buenos medios técnicos con que cuenta el sistema de salud y se prescinde de la mayoría de sus profesionales: unos serán reubicados, otros trasladados y despedidos otros.
El interés único de este cierre, como ha asegurado la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, es el de “asegurar los beneficios de la empresa privada concesionaria” empresa con la que, para mayor escarnio, guarda un responsable político madrileño una especial relación personal… y desde luego económica.
¿Dónde se encuentra aquí el beneficio público? ¿qué justifica esta repentina y sorpresiva privatización? ¿qué ha llevado a clausurar tres laboratorios públicos que funcionaban correctamente, con buenos medios y mejores profesionales, dando servicio y atención a tantos madrileños? ¿qué cosa, si no el negocio privado ha movido a nuestros gestores políticos autonómicos, cada vez menos gestores, cada vez más empresarios, a llevar a cabo esta medida?
Que más da. En Madrid no se dan explicaciones, en Madrid nadie responde a las preguntas de los ciudadanos. En esta región las comisiones de investigación son vodeviles y las sesiones de control al gobierno: un alarde de chulería, superioridad y desprecio por parte de la marquesa-presidenta y el yerno del poli-imputado Carlos Fabra. En Madrid se impone el ver, oir… ¿y callar? Pero muchos no queremos hacerlo. Los que pensamos que nuestra salud no es un negocio y quienes queremos impedir que los mercaderes se apoderen de nuestros hospitales y centros de salud. Los que no queremos ser simples observadores de este drama, simples lectores de la crónica de una privatización anunciada: la de la muerte anunciada de la sanidad pública madrileña.
Este estudio, realizado en base a dieciocho parámetros distintos, entre los que se encuentran el gasto sanitario per capita reflejado en los presupuestos autonómicos de cada comunidad, las camas por cada mil habitantes, el ratio de médicos por mil habitantes o los niveles de privatización de los servicios sanitarios.
Así, el informe establece cuatro grandes grupos: las comunidades que brindan buenos servicios sanitarios, aceptables, regulares o malos.
En este último grupo, además de la de Madrid, se encuentran otras comunidades con gobierno (endémico) de la derecha como la Rioja, Canarias (Coalición Canaria más PP), Murcia o la Comunidad Valenciana.
Por lo que a Madrid respecta, encontramos entre los datos objetivos del informe razones certeras que justifican el doloroso tercer puesto “por la cola” que ocupa nuestra sanidad. Las largas listas de espera (esas que no existen según la comunidad de Madrid), el escaso número de médicos por habitante (1,92 por cada mil en contraste con los 4,62 de Cataluña). El reducido personal de enfermería (3,03 por mil por los 5,73 de la comunidad catalana). El insuficiente presupuesto sanitario per capita de la Comunidad de Madrid (1135,58 €/habitante) -presupuesto sólo mayor que el de Valencia- demuestra el escaso interés de nuestra marquesa-presidenta por la atención sanitaria de sus conciudadanos. El presupuesto sanitario madrileño se sitúa muy por debajo de, por ejemplo, del esfuerzo inversor público destinado en Extremadura a la salud pública que es el segundo más alto de toda España y se sitúa en torno a los 1.575 euros al año y habitante. En el conjunto de Hospitales públicos extremeños, aragoneses o catalanes, los ciudadanos de aquellas regiones cuentan con los mayores ratios de camas hospitalarias por habitante en comparación con el resto de autonomías mientras que Madrid, el famoso “vagón de cabeza de la economía española” permanece muy en el fondo de la lista.
Para no apabullar con más datos y por no hacer más farragosa esta lectura, la enésima que se realiza en denuncia del deplorable estado de la sanidad pública madrileña, que por si fuera poco, se verá aún más degenerada por el caos pseudo-anarquista que nos propone el llamado área única de pronta aplicación, lanzaré una pregunta obvia, una pregunta que se presenta de forma natural tras dar lectura a este contundente informe: ¿En qué gasta la Comunidad de Madrid los recursos públicos? ¿a qué va destinado nuestro dinero, si no es a la consecución de unos servicios públicos de calidad?.
Sabíamos que la Comunidad financiaba centros educativos ultra-religiosos, que se dedicaba a inaugurar semanas antes de las elecciones carísimos hospitales medio privados en los que no hay siquiera camas, también sabíamos que construye campos de golf donde habrían de emplazarse parques públicos, sabíamos que parte de los fondos autonómicos se van en espiar y en perseguir a propios y extraños y que otra parte podría estar resbalando hacia la financiación ilegal del Partido Popular como informa hoy un medio de comunicación.
Los madrileños merecemos una respuesta a esta pregunta ¿por qué la de Madrid es una de las tres comunidades con peores servicios públicos? ¿qué están haciendo con nuestra comunidad y con el dinero que sale del trabajo de los ciudadanos?
Tenía que escribir sobre esto. Lo ha hecho Franesco en su blog, y lo ha hecho certera y apropiadamente, como es habitual en él.
Me sumo a su indignación, a su denuncia y a la reflexión que eleva en su bitácora a los pies de la muy ilustrativa imagen de la calavera y las dos tibias. Peligro y confirmación de muerte en la Sanidad madrileña, muerte de la sanidad pública en sí y muerte de sus pacientes. Pacientes que de tener afición a esto de la vida deberán convertirse en clientes de empresas tales como Adeslas o Sanitas, cerrándose el círculo ideado por la política neoliberal y satisfaciendo el objetivo último -mil veces advertido- del gobierno anti-social de Esperanza Aguirre.
Ya denuncie en esta como en otras entradas las fatales consecuencias que traería la política de inanición y desatención hacia los servicios públicos que ejecuta la Comunidad de Madrid sobre la sanidad y contra sus usuarios.
Todos sabíamos de las degradantes comunas que se “organizan” cada invierno en pasillos y salas de espera (con pacientes de todo tipo y condición). Todos sabíamos que “la austeridad en el gasto público” iba a retraerse, en buena parte, de los recursos dedicados a la Salud de los madrileños. Sabíamos también que los nuevos hospitales de Esperanza Aguirre no son más que unos caros decorados de cartón piedra que, semanas antes de las últimas elecciones autonómicas se fueron situando estratégicamente por la geografía madrileña sin contener nada, sin incluir profesionales, sin camas, sin dotaciones y sin presupuesto. Sólo una foto. También sabemos que falta personal, porque lo han avisado una y otra vez esos pérfidos sindicatos, esos pérfidos trabajadores que han sido acusados por la derecha de provocar todo el caos sanitario de Madrid. También sabemos que ese caos se va a hacer norma endémica gracias a la propuesta del “área única”. Sabemos que Esperanza Aguirre tendría que haber dimitido hace siglos, en el momento en que prometió (allá por la campaña electoral) que si un madrileño espera más de treinta días en la lista de espera sanitaria, ella se iba a su casa, a su palacete de marquesa consorte.
Pero sobre todo, sabemos que no merecemos esto. Que no merecemos este vilipendio. Que no merecemos un gobierno que se atreve a jugar con la salud de sus administrados. Jugar con las personas, eso es lo que han hecho con Dalilah, una joven deportista (20 años), embarazada, sin afecciones respiratorias en su historial y que tan sólo estaba infectada del virus H1N1, un virus menos mortal que el de la gripe común que pasamos todos los inviernos. A esta joven la pasearon de un hospital a otro en hasta cuatro ocasiones. Los médicos decidieron adelantar el parto de la joven para salvar al niño. Consiguieron hacerlo, pero Dalilah murió por el agravamiento de su situación causado por la dilación en la asistencia.
La parte más rocambolesca y dramática de la historia viene ahora. Rayan, el bebé de Dalilah, fue dispuesto en una incubadora como sucede con los niños prematuros, tan sólo unos días después de la muerte de su madre. Una enfermera inexperta, perteneciente a otro departamento y que se encontraba en la zona de incubadoras para sustituir transitoriamente a una compañera que había acudido a cubrir una urgencia, confundió la sonda nasogástrica (para la suministración del alimento) con una vía colocada en una vena del bebé. La introducción de alimento en el torrente sanguineo del niño provocó su muerte instantanea.
Sí, en la sanidad pública madrileña, una enfermera encargada del cuidado de bebés prematuros tiene que abandonar a la carrera su lugar de trabajo para atender una urgencia varias plantas más abajo y su puesto puede ser ocupado por cualquier otro sanitario sin experiencia en ese departamento concreto y que puede cometer un error de bulto como éste, con el desafortunado resultado que todos conocemos y lamentamos.
Esto tiene un nombre: falta de personal. No puede suceder que sólo haya un facultativo por departamento. En la Comunidad de Madrid, hay sanitarios que dan servicio a 1.500 personas.
Esto además, tiene otro nombre, esto merece otro adjetivo, cualquiera que resultara malsonante, encendido y agrio a los oídos de estos irresponsables públicos que, siendo amantes de lo privado, siendo celosos de lo suyo y de lo de sus amigos (y con una mutua privada en el bolsillo que protege rápido y bien a sus familias, sin listas de espera ni contratiempos) se atreven a escatimar en recursos humanos y económicos para la salud de los madrileños, de todos los madrileños, de sus trabajadores, de sus gentes, de quienes no queremos o podemos acudir a la sanidad privada, porque estar bien atendido en la pública es un DERECHO.
Mis condolencias al esposo y padre de Dalilah y Rayan. A lo mejor le ofrecen a Mohammed un cargo ad hoc en, pongamos, la consejería de inmigración a fin de calmar su enorme pena. Quizás le intenten sobornar, puede que traten de comprar su silencio de esa forma tan despreciable, como hicieran con el conocido profesor Neira, que se ha prestado al vodevil y ha guardado en un cajón la denuncia que preparaba contra la Consejería de Sanidad al demostrarse en un informe médico que las lesiones que le llevaron al coma fueron decisivamente agravadas en los días que le tuvieron, como a Dalilah, paseando entre su casa y el hospital y entre el hospital y su casa, sin que se encontrara, “en la locomotora económica de España” una habitación en la que ingresarle.
