Hoy se cumplen treinta y un años de la aprobación de la Constitución Española. Es de justicia reconocer que, en perspectiva, esta es la constitución que más estabilidad ha traído al pueblo español y bajo la cual se han desarrollado distintos aspectos de nuestra vida política.

Dicho esto -que creo, es reconocido por casi todos- comienza a hablarse de reforma. Según EL PAÍS, el 84% de los españoles estaría a favor de una reforma. Esto no significa que un 84% de los ciudadanos considere que el texto es “malo” lo que quiere decir es que, más de tres décadas después y en un clima político diametralmente opuesto al de entonces, determinados asuntos necesitan una relectura.

La transición no fue un inmaculado camino de rosas como se nos ha dicho en muchas ocasiones. En la transición había terrorismos, había un ejército levantisco que amenazaba con cercenar el proceso, había una España temerosa en la circulaba con profusión la frase “esto acaba como en el 36″. Había una España en la que aún estaban frescos en la memoria la última ejecución franquista o los terribles sucesos de Vitoria, una España en la que recordar no convenía, en la que la Amnistía se confundía con la amnesia. Cuarenta años sin votar -sin oír hablar de partidos, sindicatos, votos, sin periódicos libres- dejaron en España una cultura política mutilada que despegó a los ciudadanos del proceso de transición, principalmente dirigido desde arriba. Una España que ni siquiera se planteó el hecho de romper con el último legado del franquismo: la jefatura del Estado impuesta en la figura del nieto del monarca que el pueblo expulsó a base de urnas. En este contexto, sólo se pudo llegar a un acuerdo de mínimos. Muchas renuncias por parte de una parte.

El resultado fue una constitución que dejó muchos cabos sueltos, que sin duda sirvió para sacar a España de su oscuro agujero, pero que tuvo la ambigüedad como principal fórmula para el consenso.

Puede decirse que en la actualidad, la realidad española ha superado a la Carta Magna en algunas cuestiones. Entre otras cosas, convendría revisar la cuestión territorial (apenas esbozada como una posibilidad en la Constitución), reconfigurar el Senado y tratar de cerrar el mapa competencial. En mi opinión habría también que revisar las privilegiadas relaciones entre la Iglesia y el Estado y los tratados contraídos hace décadas entre el último estado teocrático de Europa y nuestro estado democrático. También hemos alcanzado la madurez democrática suficiente como para decidir sobre el carácter democrático o privado de la jefatura del Estado. La ley electoral, manifiestamente injusta para partidos como Izquierda Unida, también habría de ser objeto de una reforma.

Cambiando lo que deba ser cambiado, España tiene derecho a dotarse, esta vez sin injerencias antidemocráticas y sin espadas de Damócles, de un texto adaptado a sus necesidades y realidades actuales. Es bueno que se abra el debate sobre el futuro de la Carta Magna y que caigan los tabúes, porque “ningún texto es sagrado”, como ha recordado hoy-por cierto- el primer lehendakari que conmemorar la Constitución que precisamente consagra y constituye, junto al estatuto vasco, el autogobierno de su comunidad autónoma…