Vuelve a hablarse del polémico estatuto de Cataluña y vuelven a enervarse las pasiones al respecto.

La reforma del texto autonómico catalán fue en la pasada legislatura una de las patas básicas de la crispación política mantenida a lo largo y ancho de cuatro años. Se dijo que ese estatuto, aprobado en el Parlamento autónomo de Cataluña, en las Cortes españolas y refrendado en plebiscito por los catalanes que quisieron ir a votar, estaba concebido para desmigajar España y para desintegrar su unidad, a pesar de que otros estatutos autonómicos con semejante contenido material sí contaron con el voto favorable del PP.

La diferencia entre este y otros estatutos es que en el catalán se denomina “nación” a dicha autonomía y se marca como “obligatorio” el conocimiento de la lengua catalana en el territorio de Cataluña y en todos los ámbitos públicos. Y son esas dos cuestiones, ciertamente no menores, las que traen tanto encono en las posiciones.

No hablaré del fondo de esos asuntos, considero que ya lo he hecho (lo hemos hecho) largo y tendido) en este mismo blog en momentos anteriores.

Ahora se habla de las repercusiones que se derivarían de un posible fallo en contra de esos puntos del Estatuto por parte del Tribunal Constitucional al recurso presentado por el PP.

Primeramente, el Tribunal Constitucional, que ha dilatado en exceso la resolución del recurso y que arrastra un anómalo retraso en su renovación a cuenta de las pugnas políticas habidas en su seno, se juega su imagen y buena parte de su prestigio. Algunos dirán que por politizado, por víctima cotidiana de las distintas banderías y por poco independiente, ya no le queda nada de ese prestigio. Otros queremos creer en la prudencia y en lo juicioso de esa institución tan elevada e importante para nuestro ordenamiento jurídico, confiando en que en las decisiones de este órgano prevalece el Derecho sobre otras cuestiones.

Esquerra, uno de esos partidos que suelen denunciar las presiones que ejercen los grandes partidos sobre los miembros del Tribunal, presionará “a su manera” a los que han de decidir. Han amenazado con una manifestación preventiva para que el constitucional tome nota de que un fallo negativo será sinónimo de tensión, enfrentamiento y choque a nivel político, social y sentimental. También han afirmado que el fallo negativo acortaría el camino hacia la independencia gracias a un predicho repunte de las ideas soberanistas. Otros partidos catalanes han afirmado que no aceptarán un “no” por respuesta en esos puntos estatutarios puestos en cuestión: término nación y catalán obligatorio. Que esos puntos son paredes maestras.

Nadie quiere dejar al Constitucional hacer libremente su trabajo. En el fondo nadie quiere que sea independiente, sólo que dependa de ellos y no de los otros en la medida de lo posible.

Las consecuencias para el gobierno de España y el Partido Socialista (estos sí, respetuosos con las sentencias de los tribunales) también están por ver. PSC en Cataluña y luego PSOE en las Cortes, han tenido mucho que ver y que decir en la defensa de este estatuto de autonomía que ahora puede ser declarado inconstitucional en algunas de sus partes.

La derecha política y mediática tendrá todo a su favor para hacer sangre, para aceptar y celebrar la sentencia del Tribunal Supremo y para reeditar con ufanía los mensajes que ya enarbolaran la pasada legislatura… pero esta vez con un fallo del Constitucional favorable a sus argumentos y con el PSOE en una situación bastante delicada, si es que el fallo finalmente va en el sentido que se indica.

En el terreno de las sensaciones, puede generarse un desasosiego importante en un sector no desdeñable de la sociedad catalana. Los nacionalistas -me pongo en sus zapatos y en su argumentario- aprovecharan para interpretar y dar a interpretar la sentencia como una negación de Cataluña y como una prueba más de cuan incómoda está esta región, nacionalidad, nación (o pretendido Estado a partir de 2014) dentro de España.

Además, tienen un argumento (y este sincero) a su favor: el Parlamento catalán aprobó ese texto, también lo hicieron las cámaras españolas y sobre todo, lo hicieron los catalanes en referéndum. Y esa voluntad puede ser revocada e ignorada por una sentencia.

Las posturas se van a recrudecer, el debate será muy complicado. Más aún.

Yo haría un llamamiento a la calma, al menos hasta que se haga pública la sentencia. Que se deje deliberar al Tribunal y sobre todo, que se acepte su resultado, sea el que sea.

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