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Esta frase pre-moderna y anti-democrática pudo salir de la boca de uno de esos ayatolah que en occidente tenemos por paradigma de la radicalidad en materia religiosa, la intolerancia excluyente y la inflexibilidad doctrinal. Pero no, esta frase que viene a dar al traste con siglos de evolución en la política, las instituciones públicas y en la consideración del Derecho lleva la rúbrica inconfundible de Rouco Varela.

¿Qué implicaciones conlleva el último exabrupto de este prócer de la Iglesia Católica?

Rompe con el esquema de la democracia moderna. Rouco Varela ya no sólo subordina el futuro de España a su recta y correcta confesionalidad (“España será católica o no será”) también hace depender la propia raíz de la democracia (el principio de la soberanía) del papel de la fe y la religión. Se ha cargado en un momento varios siglos de pensamiento, lucha y evolución en pos de la libertad de conciencia y la democracia.

Diciendo que la Soberanía popular deriva en exclusiva de “dios” (¿de cuál de ellos?) niega de un modo tajante la dignidad humana y los derechos positivizados desde 1789 que redundan y protegen esa dignidad inherente a cada persona con independencia de condiciones accesorias como su credo religioso, su nacionalidad o su ideología.

Al decir que la Soberanía procede de “dios” (¿de cuál de ellos?) supedita y mutila completamente la acción de la política, el derecho y la propia sociedad a la hora de determinar (con la lógica de la democracia, el debate y las mayorías) el presente y el futuro de las comunidades humanas. Dice, nada más y nada menos, que no puede haber ley positiva fuera de la “ley natural”. Un planteamiento profundamente oscuro, superado en el Siècle des Lumières

Rouco Varela ha concentrado en ese insulto una definición completa y perfecta de lo que significa el término “Teocracia”.

Desde la Iglesia y sus prolongaciones políticas y mediáticas se quejan de que hay personas que atacan (atacamos) el “hecho religioso” cuando sencillamente abogamos por un orden laico de escrupuloso respeto y de no interferencia entre los plano de la fe privada y el Estado.

Reitero como ya hiciera, que hay que defender con decisión el ámbito público y compartido -tablero de juego de nuestra convivencia en sociedad- para evitar que prospere el abiertamente declarado propósito teocrático de la Iglesia Católica española, que niega sus propias directrices -más abiertas y respetuosas- marcadas con el Concilio Vaticano II. La Iglesia de hoy, paradójica y desgraciadamente, es más conservadora y más radical que la de los años de la Transición: la institución se encuentra en un bucle de involución que sabe “dios” a donde nos llevará.

El laicismo no es más (ni es menos) que la consecuencia lógica del pluralismo objetivo y el respeto necesarios llevados a las instituciones de un país democrático.

La laicidad, en este sentido, es inseparable de la democracia, pues supone reconocer la autonomía de la política respecto de la religión y la autonomía de las éticas privadas e individuales respecto del Estado con religión oficializada. Frente a esto, tenemos el uniformismo autoritario que nos retrotrae a la figura de la Iglesia-Estado, los tiempos de la Inquisición como tribunal público y del nacional-catolicismo que inspiró la guerra civil y una dictadura de corte fascista.

Con estas credenciales odiosas llegamos al siglo XXI con opiniones que pretenden conectar (encadenar) la soberanía popular y la dignidad de las personas con un dogma de fe irracional y anti-jurídico. Aunque parezca imposible, mirando el calendario.

La Iglesia se ha convertido hoy en una suerte de lobby, un grupo de presión más ocupado en la defensa de sus intereses espurios que en interpretar, para sus voluntarios seguidores, la supuesta palabra dada por “dios” a los hombres. Esta prostitución, si se me permite el término, respecto de los objetivos fundacionales de la Iglesia Católica explica la deserción que vacía y deja los templos tiritando. La COPE es el símbolo más explícito, dramático y descarado de esta Iglesia que cambia atriles por púlpitos, mítines por misas y oración por manifestación.

Como afirmaba Fernando de los Ríos, un hombre reflexivo, inmenso en su capacidad intelectual, tolerante por los cuatro costados y autodefinido como “cristiano erasmista“, la separación entre la Iglesia y el Estado no solo beneficia a este, también a la propia institución que, al desbrozar sus lindes de actuación y al rechazar injerencias externas, es capaz de desarrollar un mensaje de pureza intimista y de espiritualidad (valores que buscan, supongo, aquellos que sienten en sí la llamada de la fe)

La frase-insulto de Rouco me ha hecho evocar su contraste con la utopía tolerante, laicista y de sociedad abierta de la “España civil” propuesta en la obra homónima de Gregorio Peces-Barba. Y pensar cuan lejos estaremos de ella, cuan lastrados, mientras sigan subsistiendo como subsisten, propuestas antónimas inspiradas y arraigadas en la etapa medieval.

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Quiero pedir disculpas por no haber escrito en los últimos días. Eso a quien esperaba que escribiese, si es que alguien ha echado en falta esta cucharilla virtual dentro de la inmensa sopa de letras de la blogosfera. Quien quiera darme las gracias por no escribir también puede hacerlo, a gusto del consumidor.

El calor, el normal vacío informativo de la segunda quincena de agosto y otros factores me han mantenido alejado del blog y de las páginas de internet, pero no de las de toda la vida. (esas que aún se encuadernan y se pasan con los dedos). No he escrito, pero he leído y he reflexionado. Socialdemocracia sueca, republicanismo liberal socialista, Immanuel Kant, Mill (John Stuart) la España Civil de Peces-Barba. Esos son algunos de los temas que han pasado debajo de mi flexo estos días y que me han mantenido a mis sofocadas neuronas en vigilia intelectual.

Y varias las reflexiones que quisiera compartir con vosotros. Son seguramente demasiadas par incluirlas en un post breve y ligero (como han de ser cuando el termómetro y el calendario marcan cifras de calor estival).

El último libro que ha abierto en mí la puerta de la reflexión es “La España civil” escrito por Gregorio Peces Barba.

La España civil es un proyecto, un horizonte que muchos han tratado de alcanzar desde sus respectivas épocas, con sus matices y con sus respectivos medios. Pensadores heterodoxos, políticos, ensayistas y hasta poetas han creído en este ideal.

La España civil es una estación de llegada a la que se arriba por raíles tortuosos, unos caminos en los que han descarrilado ya (o se han hecho descarrilar) muchas locomotoras de progreso. El libro del profesor Peces Barba viene dedicado a la memoria de Antonio Machado, Fernando de los Ríos y Manuel Azaña protagonistas y guías, junto a otros, de la última expedición fallida rumbo a la España civil, que no es otra que la España del respeto, la convivencia, la igual libertad con justicia y solidaridad, el respeto a la ley, el respeto a las instituciones democráticas y el respeto de estas hacia los gobernados, la España del laicismo y la pluralidad integradora que no persigue, como lo ha hecho a lo largo de la Historia, la heterodoxia o la diversidad en sus más distintas formas (religiosas, territoriales, éticas o morales).

La España que abandona esa cainita y constante dicotomía que siempre ha obligado a sus ciudadanos a tomar partido (o peor: a elegir trinchera). Creo que fue el gallego padre Feijoo (1676-1764) el primero en describir esas dos Españas que luego serían pintadas por Goya, esas dos Españas reflejadas jurídicamente en constituciones de medio país contra el otro, esas dos Españas siamesas que se han cubierto de sangre la una a la otra en no pocas ocasiones y que se coronaron con la violencia fraterna de 1936-1939 y los cuarenta años de represión-exilio, brutalidad-ostracismo que subsiguieron a aquella tragedia nacional.

Esas dos realidades antónimas, por fortuna, han sido mitigadas en nuestro país. Pero persisten algunas actitudes que siguen redundando en la división y el enfrentamiento. Verbi gratia: los nacionalismos soberanistas e identitarios que solo afirman y reconocen la existencia de sus respectivas nacionalidades y hacen gala de una notoria deslealtad institucional, el clericalismo lacerante que funde y confunde la ética privada y la ética pública hasta el punto de llamar al boicot y a la desobediencia de la ley, la corrupción política y la llamada “dialéctica del odio” mantenida en no pocas ocasiones por los representantes de los distintos políticos.

Es decir: soltar que el proyecto de ETA es el proyecto del gobierno socialista, afirmar que se hostiga a la oposición y se vulneran sus derechos como en una dictadura (sin aportar una sola prueba) es ahondar en la división, es irresponsable, es desprestigiar la noble actividad de la política y es vulgar, como lo es llamar “tontos de los cojones” a los votantes de la derecha. La falta de respeto, la irresponsabilidad en lo que se afirma y el sectarismo partidista debilitan el objetivo de la España civil, crispan la convivencia y dejan poco espacio para el intelecto, para la imaginación y para la creatividad a la hora de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos.

Siguiendo una práctica política cívica y democrática basada en los valores republicanos de igualdad, libertad, interés general y solidaridad; fundamentada en la honestidad, en la verdad, en la gestión escrupulosa del dinero público; en el respeto personal hacia el contrario (que no enemigo) y en la que los partidos políticos se hicieran más transparentes y abiertos, acercaría a los ciudadanos (sujetos y objetos de la política) a la práctica de esta y nos aproximaría al núcleo de la verdadera democracia: la participación y la virtud cívica, la única capaz de garantizar la pervivencia del sistema democrático que, como se nos ha dicho, es el peor de todos con excepción de todos los demás. Es un sistema perfectible, que puede y debe ser mejorado, ensanchado y profundizado.

Con los principios de esa España regenerada -que algunos por pusilanimidad o molicie llamarán utópica- comenzaríamos a desterrar de nuestro vocabulario los peligrosos adagios que nos dicen que “todos los políticos son iguales” o que “la política no sirve para nada, solo para robar al pueblo”, reflexiones comunes que nos lanzan una señal de alarma sobre la salud de nuestra aún joven democracia.

Se propone reemprender el camino hacia un horizonte ilusionante (el de la España civil) continuando desde donde estamos hacia el futuro de nuestro país. No sé si estamos lejos, cerca o a mitad de camino, pero es un esfuerzo que merece la pena y que redundaría en beneficio de todos y en la calidad de nuestra política.

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Por el nuevo texto, finalmente se retirarán los crucifijos de los centros educativos públicos. Algo natural y normal pero que fue objeto de una agria polémica promovida hace meses desde distintos sectores intransigentes. Es natural y normal que los espacios de todos y más aún los centros educativos, permanezcan neutros de connotaciones y alegorías religiosas o políticas sean del signo que sean.

La religión y la fe de cada cual, o la ausencia de ella, debe quedar en el ámbito privado de cada individuo o familia.
Seguramente ese es el criterio en que se apoya el gobierno socialista para proceder a la retirada de las cruces de todos los edificios públicos. Y podría apoyarse en esa misma muleta democrática, racional y constitucional para caminar hacia un norte más laico en nuestro país, o lo que es lo mismo, para reafirmar lo que nuestra Constitución dice al respecto: que vivimos en un Estado aconfesional.

Y ese principio de aconfesionalidad, además de para concitar el gesto simbólico de la retirada de las cruces, habría de servir para el gesto, mucho más prosaico y en el fondo más necesario de la retirada de las subvenciones que sostienen hoy en día a las distintas confesiones (y en particular a la católica) y a sus centros religiosos concertados.

Centros en los que, por cierto, se vulneran los derechos básicos de los alumnos, que son segregados, apartados unos de otros en virtud de su sexo, para recibir una educación dispar y extraña. Y esto en centros sufragados con fondos públicos; esto, también, en comunidades con gobierno socialista.

Siguiendo el criterio laicista que impulsa esta ley, debería darse más pasos: dejar de subvencionar las confesiones privadas con dinero público y caminar hacia un modelo de escuela pública, única y laica como la que impera en Francia desde antiguo con el respeto y el acuerdo de los principales partidos galos.
Un modelo de escuela en el que sólo la enseñanza pública sin matices, reciba financiación y en la que la religión pase a ocupar el lugar que le corresponde, que no es el de las paredes de los centros, ni el del privilegio económico… ni el de los currículos educativos.

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El grupo parlamentario socialista de la Asamblea de Madrid, de la mano de Óscar Blanco (diputado regional y portavoz de juventud) ha organizado unas interesantes jornadas parlamentarias para tratar desde el punto de vista de diversos expertos en la materia la cuestión de la “salud sexual y reproductiva en la juventud“.

En las jornadas celebradas hoy se ha hablado del famoso anteproyecto de ley que prepara el gobierno, destacándose este paso como un avance necesario hacia la equiparación de nuestro país con las legislaciones que imperan en toda Europa en materia de interrupción voluntaria del embarazo en un momento en que la ley vigente desprotegía a mujeres y profesionales en distintos casos.

También se ha hablado sobre los recursos, presupuestos e iniciativas que ejecuta el gobierno de la Comunidad de Madrid para educar a la juventud en una sexualidad sana y responsable, con el fin de evitar el mayor número de abortos como sea posible (tal debe ser el objetivo de un partido que defiende ante todo “el derecho a la vida”, en contraste con los rojos come-niños).

Irónica y lamentablemente, nos encontramos con que Madrid es, de largo, la Comunidad española donde más abortos se practican.
Quizás tenga algo que ver con este dato alarmante el hecho de que los centros de planificación familiar estén cerrando o limitando sus horarios y días de apertura por falta de subvenciones del Gobierno Regional.
O que cada vez sean menos los centros donde se proporciona la píldora poscoital.
O que se haya cortado la línea telefónica gratuita que hasta su cierre, servía a muchos jóvenes madrileños como punto de referencia e información en asuntos afectivo-sexuales.
O que tengan que ser los ayuntamientos -con menos posibilidades y recursos- los que hagan frente a las competencias sanitarias de las que se desprende Esperanza Aguirre.

La comparación con otras comunidades como Andalucía, que sí hacen un esfuerzo notable (que acaba por notarse en las cifras finales) debería mover al sonrojo a nuestra marquesa-presidenta. Madrid sólo destina 250.000 euros anuales para cubrir esta cuestión tan importante.

A nuestra derecha nunca le ha gustado eso de la interrupción voluntaria del embarazo. Ni la actual ley (a la que votaron negativamente en 1985) ni la ley, más garantista, que prepara el gobierno. A decir verdad nunca le ha gustado demasiado eso de las ampliaciones de derechos a colectivos (aunque en este tema, el término “colectivo” aglutine a más de la mitad de la población española) ¿Y para qué negarlo? nunca les ha motivado en demasía eso de “las libertades”.

Buscando por alguna parte el componente “liberal” de nuestra derecha (que vota en contra la interrupción del embarazo, contra el divorcio, contra el derecho universal de contraer matrimonio y hasta contra la ley de igualdad que recurrieron ante el TC), hago la siguiente reflexión: el PP está contra el aborto, pero no hace otra cosa que incentivarlo con sus políticas irresponsables.
No les gusta el aborto (a nadie nos gusta) pero tampoco les interesa promover una educación eficaz desde la infancia, que eduque, forme e informe no sólo a los adolescentes o jóvenes sino también a sus maestros y tutores legales. Será que sin abortos… no hay motivo para organizar otra manifestación-mitin-misa en la Plaza de Colón, con lo bien que lucen y lo bonito que hacen a la capital.

Aún queda mucha mecha en el debate sobre la reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. La discusión parlamentaria no ha comenzado, pero el debate social y mediático lleva meses rodando. Hemos oído en este tiempo bastantes barbaridades de boca de ciertos personajes “políticos” y “periodísticos”, cuya demagogia galopante nos ha dejado ya algunas perlas. Las más sonadas: que dejar a la mujer decidir sobre su maternidad es ejercer violencia de género contra ella. Que un derecho reconocido por la OMS y orientado por el Parlamento Europeo no es en realidad un derecho. Que con la nueva ley, las jóvenes abortarán cada fin de semana, etc.

Obviando la irritación que produce oir estas especies descabelladas, los datos apuntan que un país como Holanda, con la ley más garantista del continente, tiene muchos menos abortos (en porcentaje) que España. Existe el derecho, existe una ley de plazos, pero existen mucho antes de llegar a ese trance, muchos años de políticas educativas y formativas integrales y transversales que impiden a un gran número de jóvenes llegar a esa dramática situación, llegar a ese último recurso que en la Comunidad de Madrid, faltando todos los primeros, ausentes todos los peldaños de la escalera… parece ser el único.

A eso se aboca a los jóvenes en la reserva espiritual de la península, en la comunidad de la católica Aguirre y del episcopal PP. Esto sucede en la comunidad del aborto.

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