Esta  frase de Norberto Bobbio la he empleado frecuentemente en los últimos tiempos porque creo que lo que escribió el irrepetible maestro turinés en 1985 (en plena efervescencia del Reagan-Thatcherismo) nos sirve perfectamente para explicar la génesis de la actual crisis mundial.Los consejos de administración y los parqués sustituyendo a los gobiernos y a los parlamentos.

Un poder no elegido ni elegible que consigue trasgredir a nivel global el principio sobre el que se han basado nuestros estados: la idea de que derecho y poder como dos caras de la misma moneda. Solo el poder (del Estado) puede crear normas y solo las de los Estados democráticos (las que se hacen con la participación de los ciudadanos) pueden ser tenidas por legítimas.

Un artículo que firma el intelectual Noam Chomsky y que publica hoy el diario Público, gira sobre la misma idea.

Los Estado (con ellos la política, los parlamentos, los ciudadanos) han dejado de ser actores protagonistas en el plantel de la regulación de la economía internacional. Existe una tramoya, detrás del telón existe toda una poliarquía paralela y enfrentada a ese poder que nace de la legitimidad popular.

Este hecho consumado viene a romper muchas lógicas, muchos esquemas, ataca la propia concepción de la democracia.

La respuesta a la pregunta ¿quién toma las decisiones y qué procedimiento se sigue para ello? nos srive para graduar el nivel y la calidad de la democracia. El común de los mortales no considera “democrático” (ni legítimo) un poder vinculado a la decisión de uno o unos pocos (un general, un caudillo, un partido hegemónico) ni un poder que haya sido alumbrado desde procedimientos poco claros o alejados del control ciudadano (desde un cuartel, una terna, un politburó).

En contraposición a esto, tendríamos por democrático un Estado en el que las decisiones públicas que van a afectar a los ciudadanos de un Estado se toman en base a una decisión común (por delegación en una democracia representativa) y en base a un procedimiento público, evidente para todo el mundo, sin tramoya, sin doble fondo, sin la dirección de grupos de poder.

La realidad es que vivimos en unas sociedades en las que el poder se encuentra ya centrifugado: no existe un solo centro de poder que responda a la voluntad general (tal era el modelo de democracia Rousseauniana), sino que tendemos (o regresamos) a un modelo policrático -que se parece al del feudalismo- en el que un Estado en retirada es asediado por una multiplicidad de subpoderes, por el poder que nadie ha elegido, un poder desregulador que maquina contra el interés general y que busca la concentración de cada vez más recursos en menos manos, tal y como ha sucedido ya en los Estados Unidos, país avanzadilla de este tipo de prácticas en el que -por ejemplo- las petroleras marcan el programa y las guerras de sus gobernantes o la influencia de las aseguradoras privadas recortan los intentos de universalizar la sanidad.

Son imaginables las consecuencias de todo esto. Desde el XVIII, la democratización como proceso significaba que cada vez más gente podía votar (criterio cuantitativo). “Democratización” hoy significaría el nivel y la capacidad del ciudadano medio para influir en las decisiones públicas (criterio cualitativo). Y resulta obvio que ese poder privado que crece a expensas del poder público, no contibuye -precisamente- a una mejor y más profunda democracia.

Lamentablemente, la socialdemocracia mundial -la del sufragio universal, la de la seguridad social, la educación pública, universal y gratuita, la del Estado Social, los derechos laborales y la protección- no ha sido capaz  de poner un dique a las turbulentas aguas de la privatización del poder. De hecho, parece que en algunos casos se ha dejado arrastrar por la corriente deviniendo en ese “social-liberalismo” que acepta el novus ordem seclorum asumiendo sin más este hecho sin calibrar sus funestas consecuencias.

Es un drama. En la crisis provocada por el poder insivible (hipotecas basura, capital especulativo, burbuja inmobiliaria) no es capaz de erigirse un poder público democrático que revalorice el papel social de un Estado venido a menos en beneficio de unos pocos y en perjuicio de los más.

El futuro no parece muy halagüeño.

La disidencia en Cuba es la cara de un albañil negro, la de un trabajador muerto en una de las prisiones del paraíso comunista. Una cara que no casa con el perfil de “disidente” que nos habían hecho los propagandistas de aquí y de allí, los que van quedando, los irredentos, que haberlos haylos. Orlando Zapata Tamayo no era un mafioso multimillonario residente en Miami, no recibía un sueldo del Imperio ni tenía oscuros intereses económicos sobre la isla, solo el deseo de poder desarrollar una vida en libertad, con derechos y con dignidad en su propio país.

La cara de la disidencia también es la cara semioculta de una madre que denuncia las torturas a las que fue sometido su hijo en la prisión en la que cumplía 25 años de condena acusado por pensar. Orlando murió tras días de huelga de hambre en una de las cárceles del Estado, murió pues bajo la responsabilidad del Estado Cubano, único culpable de esta muerte.

Por cosas como esta cada vez son menos los que encuentran argumentos  para justificar la pervivencia de la dictadura cubana. En la mayor parte de la izquierda democrática mundial ya no se siente empatía por eso que fue hace cincuente años una revolución de igualdad y soberanía.

Hoy es difícil llamar “revolución” a una dictadura hereditaria que ya dura medio siglo. Aún más complicado es decir que Cuba es una “democracia”…a menos que se estemos hablando de una de esas “democracias orgánicas”, insulto que usó el franquismo para dulcificar su régimen de tiranía.

En Cuba dejó de haber una “revolución” cuando se comenzó a ver que aquello no era más que un cambio de carcelero. La dictadura de Batista por la de Castro (o los Castro); la de las oligarquías económicas por la de la oligarquía del partido único, (que también genera clases y desigualdades); el servilismo a las empresas de Washington por la asfixiante hegemonía ideológica y moral de un comité político.

Una distopía, una fotografía en negativo de ese paraíso terreno invocado como un salmo en los libros rojos.

La cara de Orlando Zapata me evoca un deseo truncado de libertad, es la cara de la rebeldía, la de la verdadera revolución. La que tiene que llegar.

El calvario del doctor Luis Montes y su equipo comenzó en 2005 a raíz de una denuncia anónima a la que dieron cuerda  todos los altavoces  de la carcundia política, religiosa y mediática.

El Mundo, ABC, La Razón, TeleMadrid, la COPE, la Presidenta regional y su entonces consejero de Sanidad, todos ellos llamaron asesinos a los médicos del servicio de cuidados paliativos del Hospital Severo Ochoa. Todos deberían pagar por sus injuriosas declaraciones, todos deberían pagar por haber truncado la carrera profesional de muchas personas comprometidas con su trabajo, con su Hospital y con sus pacientes.

No hubo mala-praxis médica, no hubo nada fuera de lo normal, nada en contra de la voluntad expresa de los pacientes y de los familiares (más bien todo lo contrario).

La mala práxis fue política, fue la de este gobierno regional empeñado en meter curas en hospitales y en colarnos la moralina de los clavos y las cruces hasta en la sopa. Un gobierno regional que trató de desacreditar la sanidad pública por medio de sus profesionales, comparándolos -sin pruebas, con mentiras y a raíz de una denuncia anónima- con matarifes sin estómago.

La Justicia pone en su sitio -en el de los calumniadores, en el de los difamadores y el de los pésimos profesionales- a Jimenez Losantos, Isabel Sansebastian y López Schlichting.

¿Y qué hay de Aguirre? Ni ha pedido ni pedirá perdón. Ese no es su estilo. Expulsó a un grupo de médicos molestos (sorprende, o en realidad no, que algunos de ellos fueran sindicalistas y personas políticamente comprometidas con la buena marcha de los servicios públicos madrileños) para meter a sus dóciles afines, aunque estos sustitutos fueran -médicamente- menos válidos. Ese sí es su estilo, el del todo vale, el del abuso de poder, el de la arbitrariedad.

La polémica del Severo Ochoa viene de tiempo atrás, por ello os recomiendo el visionado de este video (dividido en seis partes) para recordar detalladamente lo que sucedió en aquel hospital de Leganés, para poder imaginar la situación de esos médicos represaliados y apartados de su empleo por razones políticas.

Que por investigar los crímenes de una dictadura se pueda inhabilitar a un magistrado, movería a la sorpresa a los ciudadanos del país de Nüremberg.

Que alguno de los que debería haberse sentado en un tribunal como ese -en versión española- haya terminado gestando una de las asociaciones denunciantes y que los nombres de tantos otros aún ensucien nuestro callejero, produciría y produce la indignación de no pocos ciudadanos.

Que “la verdad, la reparación y la justicia” sigan siendo los lemas de tantas y tantas familias españolas da idea de cuan imperfecta fue si atendemos a algunos asuntos, la glorificada transición política.

Una transición con su tabula rasa, con un olvido  impuesto, con una ley de Amnistía cuya derogación aconseja la ONU y que actualmente sirve de escudo argumentativo a los que pretenden que no recordemos, que no sepamos la verdad, que no se repare a los familiares.

No solo el comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas se ha situado del lado de Garzón en esta causa. En los últimos días han proliferado los manifiestos suscritos por juristas de España y de todo el mundo, por periodistas, asociaciones pro derechos humanos, intelectuales y ciudadanos contra lo que muchos consideran, consideramos, un hecho notoriamente injusto e intolerable.

La persecución al magistrado “que más se ha enfrentado a ETA y a su entorno, el que más eficazmente ha combatido el narcotráfico y la delincuencia financiera” se inició por parte del Partido Popular, cuando el susodicho tuvo la imperdonable osadía de investigar las actuaciones supuestamente corruptas de dicho partido.

Así, quien fuera celebrado como un heroe nacional por su lucha contra el GAL y contra la corrupción durante el último periodo de gobierno socialista, pasa a ser un prevaricador solo por observar una ley aprobada en el Parlamento español.

El sector conservador de la justicia -o simplemente los que sienten envidia del “juez estrella”- quiere dar con éste en el banquillo de los acusados. Y parece que así será, parece que Garzón tendrá que defenderse de los cargos más graves que se les puede imputar a un juez: con un castigo de doce a veinte años de inhabilitación.

De vergüenza.

Tras la deleznable estrategia llevada a cabo por la derecha en la pasada legislatura, con Zaplana ya alejado y enchufado en la empresa que previamente privatizó y regaló ‘el jefe’, con Pujalte o Acebes en la novena fila (y demostrada la insuficiente rentabilidad electoral de discursos canallas como los que afirmaban que “el proyecto de ETA es el proyecto de Zapatero”) comenzó a circular con profusión, de cara a la legislatura que comenzó en 2008, aquello de la “oposición responsable”, todo un propósito de enmienda, todo un brindis a eso que en otras latitudes se conoce como “derecha civilizada”. Toda una mentira.

¿Qué entiende el PP por oposición responsable?

Algo así como gritar sin pruebas, ante un micrófono y no ante un juez, que España es una dictadura, que el nuestro es un Estado policial en el que se escucha y hostiga a los miembros de la oposición por el mero hecho de ser oposición. No merece atención el hecho de que las esuchas, realizadas con órden judicial, se efectúan a presuntos corruptos incluidos en un sumario judicial. Las virtudes de la oposición responsable situó al PP al nivel de la mafia. La oposición responsable es insultar a la policía, a los jueces, al gobierno, a todo el que se cruce… y encima autoinvestirse como máximo adalid del patriotismo, el Estado de Derecho y la Constitución.

Tuvimos renovado ejemplo de la “responsabilidad”  de nuestros conservadores  en el tema del “Alakrana”, donde día sí, día también, se aprovechó para tratar de vapulear al gobierno, que tuvo que resolver el problema sin el apoyo de la oposición. Lo resolvió en un mes, cuando ahora mismo hay una treintena de barcos que faenan en el índico con bandera de distintos Estados y que llevan más de medio año en manos de los piratas. ¿Qué estarán diciendo las oposiciones de esos países?

Con el secuestro de los cooperantes en Mauritania, la “responsabilidad” de Cospedal se nos ha mostrado en toda su crudeza, en toda su miseria. Dice la secretaria general del PP que Al-Qaeda nos secuestra a los nacionales porque nuestro gobierno da sensación de debilidad, vaya, que Cospedal (sin el “De”) responsabiliza a la política exterior española de un secuestro perpetrado por la rama de Al Qaeda en Mauritania.

Estos patriotas de hojalata oxidada y cortante, con su constante amenaza de tétanos, son capaces de jugar con fuego con tal de arrimar las ascuas a sus sardinas. Son capaces de hacer una oposición incendiaria, irresponsable y peligrosa para los intereses de España con tal de achicharrar al Gobierno para arañar algunos votos.

Por cierto: ¿en qué caladeros está buscando el PP sus apoyos? ¿cuál es el perfil de votante que quieren atraer gracias a esta actitud ? Miedo me dan.

Post Scriptum: más responsabilidad ultra: Aguirre vincula la agresión a Tertsch con sectores cercanos al gobierno.