“El poder invisible provoca el escándalo público”
Esta frase de Norberto Bobbio la he empleado frecuentemente en los últimos tiempos porque creo que lo que escribió el irrepetible maestro turinés en 1985 (en plena efervescencia del Reagan-Thatcherismo) nos sirve perfectamente para explicar la génesis de la actual crisis mundial.Los consejos de administración y los parqués sustituyendo a los gobiernos y a los parlamentos.
Un poder no elegido ni elegible que consigue trasgredir a nivel global el principio sobre el que se han basado nuestros estados: la idea de que derecho y poder como dos caras de la misma moneda. Solo el poder (del Estado) puede crear normas y solo las de los Estados democráticos (las que se hacen con la participación de los ciudadanos) pueden ser tenidas por legítimas.
Un artículo que firma el intelectual Noam Chomsky y que publica hoy el diario Público, gira sobre la misma idea.
Los Estado (con ellos la política, los parlamentos, los ciudadanos) han dejado de ser actores protagonistas en el plantel de la regulación de la economía internacional. Existe una tramoya, detrás del telón existe toda una poliarquía paralela y enfrentada a ese poder que nace de la legitimidad popular.
Este hecho consumado viene a romper muchas lógicas, muchos esquemas, ataca la propia concepción de la democracia.
La respuesta a la pregunta ¿quién toma las decisiones y qué procedimiento se sigue para ello? nos srive para graduar el nivel y la calidad de la democracia. El común de los mortales no considera “democrático” (ni legítimo) un poder vinculado a la decisión de uno o unos pocos (un general, un caudillo, un partido hegemónico) ni un poder que haya sido alumbrado desde procedimientos poco claros o alejados del control ciudadano (desde un cuartel, una terna, un politburó).
En contraposición a esto, tendríamos por democrático un Estado en el que las decisiones públicas que van a afectar a los ciudadanos de un Estado se toman en base a una decisión común (por delegación en una democracia representativa) y en base a un procedimiento público, evidente para todo el mundo, sin tramoya, sin doble fondo, sin la dirección de grupos de poder.
La realidad es que vivimos en unas sociedades en las que el poder se encuentra ya centrifugado: no existe un solo centro de poder que responda a la voluntad general (tal era el modelo de democracia Rousseauniana), sino que tendemos (o regresamos) a un modelo policrático -que se parece al del feudalismo- en el que un Estado en retirada es asediado por una multiplicidad de subpoderes, por el poder que nadie ha elegido, un poder desregulador que maquina contra el interés general y que busca la concentración de cada vez más recursos en menos manos, tal y como ha sucedido ya en los Estados Unidos, país avanzadilla de este tipo de prácticas en el que -por ejemplo- las petroleras marcan el programa y las guerras de sus gobernantes o la influencia de las aseguradoras privadas recortan los intentos de universalizar la sanidad.
Son imaginables las consecuencias de todo esto. Desde el XVIII, la democratización como proceso significaba que cada vez más gente podía votar (criterio cuantitativo). “Democratización” hoy significaría el nivel y la capacidad del ciudadano medio para influir en las decisiones públicas (criterio cualitativo). Y resulta obvio que ese poder privado que crece a expensas del poder público, no contibuye -precisamente- a una mejor y más profunda democracia.
Lamentablemente, la socialdemocracia mundial -la del sufragio universal, la de la seguridad social, la educación pública, universal y gratuita, la del Estado Social, los derechos laborales y la protección- no ha sido capaz de poner un dique a las turbulentas aguas de la privatización del poder. De hecho, parece que en algunos casos se ha dejado arrastrar por la corriente deviniendo en ese “social-liberalismo” que acepta el novus ordem seclorum asumiendo sin más este hecho sin calibrar sus funestas consecuencias.
Es un drama. En la crisis provocada por el poder insivible (hipotecas basura, capital especulativo, burbuja inmobiliaria) no es capaz de erigirse un poder público democrático que revalorice el papel social de un Estado venido a menos en beneficio de unos pocos y en perjuicio de los más.
El futuro no parece muy halagüeño.
1.- Los individuos y las empresas siempre intentarán influir en los gobiernos.
2.- Los gobiernos siempre intentarán privilegiar a determinados individuos y empresas.
3.- A mayor Estado, mayor capacidad de ser influenciado o de privilegiar.
Por tanto, los ciudadanos están indefensos, ya que el Estado es una institución coactiva.
Solución: menos Estado. Que los individuos y las empresas tengan que intentar influenciar directamente sobre el individuo soberano. Dicho individuo elegirá libremente, en ausencia de coacción: a mi me gusta el “colacao con la leche caliente” y el “nesquick con la leche fria”, sin que ninguna de las dos empresas me haya puesto una pistola en la cabeza.
Por cierto, creo que Chomsky ha sido, para mi, una de las mayores decepciones.
1- Los ciudadanos tratan de influir sobre el poder político mediante su voto, su movilización, la firma de peticiones, la suscripción de manifiestos y otras acciones políticas convencionales y no convencionales. La “influencia” en el caso de las empresas tiene una motivación menos sana, menos democrática. La influencia de las empresas privadas sobre la política se evidencia en su máxima potencia en los Estados Unidos, donde la política de lobby es la norma, donde Shell y Texaco pueden decidir la invasión de un país por medio de la financiación de la campaña de un candidato. ¿Es esto democrático?
2- Esto es lo que es, no lo que debería ser. ¿Es lo que será? sí si continúa esta tendencia.
3- Esto no es cierto. A menos Estado (o a estado más debil) mayor capacidad de los grupos privados de controlar omnímodamente el poder y de influir sobre este. Véase el caso de Estados africanos o de algunos estados fallidos en los que un Estado débil, desestructurado y sin instituciones tiene que tragar con todas las condiciones impuestas desde multinacionales que en ocasiones superan el propio PIB nacional.
Tragar en el caso de que pretenda oponer alguna resistencia o directamente, permitir todo tipo de abusos laborales, sociales, medioambientales sobre la población por parte de esas empresas a cambio de una parte de ese botín. Y es que es este régimen plutárquico el que más favorece la corrupción. Un Estado Democrático fuerte con instituciones firmes y con mecanismos de control y supervisión también supone una ciudadanía fuerte y vigilante y por lo tanto, intolerante ante todo tipo de prácticas abusivas, vengan estas del Estado o de la empresa privada. Esto es algo que creo, crees incompatible. Lo cierto es que en los países escandinavos -con extensos y profundos Estados de Bienestar con altos impuestos y un gobierno fuerte- es donde más activa es la sociedad civil, donde más participación ciudadana se produce en todos los ámbitos.
Por no irme del tema, me adecuaré a tu comentario. Resulta evidente que no comparto la manera en que despejas la x en esta regla de tres. Ya sé que para la ideología en la que te enmarcas, la respuesta es invariable: menos estado. Por los motivos que te he enumerado y por los que he enumerado en otras muchas ocasiones, creo que menos Estado Social y Democrático significa menos democracia y que más intromisión privada significa más acumulación privada de capitales y menos calidad de vida para las personas.
Vuelvo a ponerte a Estados Unidos como ejemplo, como un ejemplo interesante y a tener en cuenta, porque de este país no solo importamos las McBurguer y las Coca-colas, también importamos como estúpidos borregos los procedimientos políticos.
En 2005 el 1% de la población tenía el 28% de toda la renta del país (curiosamente, la misma concentración que existía en los años 20, cuando el sistema dio su primer y gran sonoro “crash”. Las políticas redistributivas de Roosevelt siguiendo las ideas de Keynes, repartió la riqueza de tal modo que ese 1% de la población controlara solo el 12% de la renta. Por lo tanto, desde ese momento hasta el inicio de las políticas neoliberales y sobre todo, hasta nuestro periodo histórico, la tendencia ha sido la de la concentración de más capital (y más poder, que en nuestro mundo va unido) en cada vez menos manos: algo contrario al ideal de la democracia.
Durante los años de Roosevelt la clase trabajadora adquirió poder, incrementó sus demandas, se consiguieron buenos salarios y buenas condiciones de trabajo y comenzó a exigir voz dentro de la empresa, al más puro estilo sueco, donde la presencia obrera en los consejos se estila desde el lejano 1936.
Del 1947 al 79 el poder (adquisitivo, político, social) de los trabajadores aumentó progresivamente. Estados Unidos también creció mucho en ese periodo. Pero ya en la última administración de Carter los directivos de las empresas dijeron “tenemos que hacer algo, ni un paso (más) atrás”. Ahí se impuso la lógica del trickle down: el beneficio de los de arriba repercutirá a los de abajo.
Siguiendo esa idea hueca y ligera se comenzó a destartarlar todo el sistema de protección tejido hasta entonces (hasta se congelaron los seguros médicos para pobres y para niños y ancianos) y se comenzó a privilegiar y a rebajar impuestos a las clases más altas.
Desde 1975 a 2009 las rentas más altas evolucionaron en un 20% mientras que las medias y bajas se estancaron o directamente, disminuyeron. El 1% se benefició -y mucho- de las políticas ultraliberales, la mayoría de la población se vio perjudicada.
Esto significa el ultraliberalismo: más desigualdad, más polarización, más poder de unos pocos sobre la mayoría. Si no existiera el sedante televisivo, el ocio prefabricado y si no fuera mayoritaria la conservadora idea de salvar el cuello (aunque en torno a este haya una soga), los conflictos sociales alcanzarían las cotas que alcanzaron en otros periodos de la historia.
Entre los sistemas de USA y China hay un amplio campo por explorar.
Y el campo más florido parece estar en escandinavia. Por ahí tenemos que tirar.
Un saludo Fran.