Esperanza Aguirre decidió privatizar el colegio público Miguel Ángel Blanco en la localidad madrileña de El Álamo. Privatizarlo, convertir lo que es de todos -por derecho- y lo que ha sido pagado por todos, en el lucrativo negocio de un amigo cualquiera. Más malversación, más corrupción: hay que decirlo una y cien veces.

Las concentraciones, las manifestaciones, las protestas de los vecinos y de todos los ciudadanos que nos solidarizamos con ellos, no pudieron detener las intenciones de la señora marquesa, que sigue a velocidad de crucero la estela de su admirada Margaret Thatcher en esto de la destrucción de los servicios públicos.

Se presentó ante los tribunales una denuncia y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón a quienes la tenían. El TSJM anuló en su sentencia la parte del Decreto por el que la Comunidad de Madrid pretendía eliminar el colegio del Álamo de la lista de centros públicos de la región al estimar que la privatización no se ajusta a Derecho al ir  en contra de la Ley que regula esta materia y por “la gran demanda” que había en el municipio para el centro público.

Una victoria de los vecinos, de las familias y de la sociedad en general frente a un gobierno que solo mira por el interés particular y que alienta el privilegio con su política antisocial.

Pero… ¿iba a detenerse Esperanza Aguirre por una decisión judicial? ¿por una nimiedad así? Claro que no, la lideresa de ese partido que se aboga la defensa exclusiva del Estado de Derecho no iba a cejar en sus pretensiones.

Ahora conocemos que, ya que no es legal la privatización, la ínclita presidenta de la región se dispone -directamente- a eliminar el colegio público Miguel Ángel Blanco. Sí, un colegio de reciente construcción que costó dos millones del erario madrileño.

Se suprime un colegio nuevo aduciendo que “no es necesario” mantenerlo. Si no lo es, ¿para qué se construyó? Para especular con él, para mercadear con los derechos de los ciudadanos, para poner en manos privadas el fruto de nuestros impuestos. Se nos ha estafado una vez más.

Esto es lo que está pasando en la Comunidad de Madrid día tras día, el abandono de los servicios públicos es patente y la situación comienza a ser insostenible. Así es como defiende la derecha “la infancia” y “las familias”, con hipocresía pura y delincuente.