Suiza ha prohibido la construcción de alminares en su territorio, hecho que ha reabierto en Europa uno de los frentes más importantes del debate sobre la gestión de la multiculturalidad: el de la confluencia de religiones en una misma comunidad. ¿Cómo organizar armónicamente una sociedad en la que cada vez conviven más culturas, más razas, más religiones, más cristales a través de los cuales asomarse al mundo?. Esta es una de las preguntas claves de nuestro tiempo.

Suiza ha optado por la vía restrictiva, por no decir discriminatoria. Hay que recordar que en las elecciones de 2007, el ultraderechista, populista y xenófobo Partido Popular Suizo-UDC, que ha encabezado ahora la campaña contra los musulmanes, se convirtió en el primer partido de Suiza. Un partido que obtuvo más de un cuarto de los consejeros nacionales agitando las peligrosamente rentables banderas de la “inseguridad” frente a la “invasión musulmana” y el “nos quitan el pan y el trabajo”

No se podrán construir más minaretes en Suiza en tanto que son considerados “símbolos de una reivindicación religioso-política de poder y dominación que amenaza –en nombre de una presunta libertad de religión– los derechos constitucionales de otras personas”. ¿Y qué es exactamente un campanario o un torreón de una catedral sino un símbolo de elevación y de pretendida preeminencia? ¿en qué medida una mezquita representa una amenaza mayor que una iglesia o una sinagoga para “los derechos constitucionales de otras personas”?

Tras esta medida se encuentra -no hay otra explicación- el virus de la xenofobia y de la discriminación de las minorías. Todos los ciudadanos, ya no suizos, sino del mundo, tienen reconocido -sobre el papel- el derecho a la libre manifestación de su religiosidad y de su conciencia (artículo decimoctavo de la declaración universal de los derechos humanos).

Todas las confesiones tienen derecho a desarrollarse libremente y a levantar sus propios lugares de culto (preferiblemente con su propio dinero), sin que el Estado tenga demasiado que decir al respecto.

Nada tengo en contra de los campanarios que se levanten con euros católicos, como tampoco contra las mezquitas que nazcan con los dineros de la comunidad de fieles musulmanes. La laicidad del Estado es la fórmula que mejor garantiza la igualdad, la tolerancia y la convivencia entre las distintas confesiones. Dejar intactos los campanarios e ir a por los alminares, revela, además de xenofobia y mala baba, una estupidez supina. ¿Acaso sustrayendo las siluetas de los minaretes del perfil de las ciudades van a desaparecer los musulmanes que viven, trabajan, cotizan, estudian en ellas? La multiculturalidad es un hecho, no una teoría, es una realidad que necesita gestión, no políticas represivas ciegas y sordas generadoras de problemas.