La crisis del modelo económico ha puesto al descubierto las vergüenzas del sistema y ha desmontado algunos de los dogmas más repetidos por los neoliberales, dueños y señores de la escena del pensamiento económico desde hace décadas. Para impedir que tras la crisis el paradigma se reconstruya tal y como estaba (con las mismas piezas, con las mismas dinámicas) -como sucederá, sospecho- los que creemos en una gestión democrática y racional de la economía, tenemos que denunciar las contradicciones y las falacias dogmáticas del ultraliberalismo económico.

La crisis nos ha permitido sentir en toda su dureza las consecuencias de la desregulación, de la traslación de los centros de poder y decisión desde los parlamentos democráticos a las bolsas y a las consejos de administración.Nos ha revelado la artrosis que sufre la famosa mano invisible, incapaz de generar un beneficio público a partir de la suma de los privados gracias a una armoniosa distribución de recursos tal y como propuso Adam Smith. La mano invisible más bien ha servido y está sirviendo para la concentración de cada vez más riqueza en menos manos.

Caen los dogmas del neoliberalismo, pero hay que lamentar la ausencia de reflejos y de iniciativa de los partidos socialistas y socialdemócratas para proponer una alternativa global al modelo económico. ¿Qué es -además de un himno- y dónde está la Internacional Socialista?

Uno de los mitos neoliberales que se escucha con  más frecuencia es el de que “la derecha gestiona mejor, más eficaz y más eficientemente los servicios básicos a diferencia de los manirrotos estatalistas”

Con el debate sobre la reforma sanitaria de los Estados Unidos, se ha hecho de dominio público el contradictorio dato de que EEUU es el país que más gasta en sanidad -en proporción a su PIB- de todo el mundo. Y eso, a pesar de que la asistencia no es universal, a pesar de que millones de ciudadanos no tienen derecho a la salud.

El modelo llamado asistencialista (gestionar a través de empresas) no es eficaz: no consigue su objetivo, en tanto que la mortalidad  sanitaria en EEUU es más alta que la de la Europa de los 15. Eso si entendemos que el objetivo de un sistema sanitario es curar, es atender, es garantizar una mejor condición vital a los ciudadanos.

Tampoco es eficiente si atendemos sencillamente a los números: es caro, no es universal, los seguros sanitarios no cubren -ni con mucho- todas las eventualidades médicas (véanse las famosas precondiciones, un cruel régimen construido a base de letra pequeña que excluye a enfermos crónicos, personas con antecedentes familiares, etc etc)

Sin embargo no es necesario irse a Estados Unidos para observar la realidad de la “gestión indirecta” y de los efectos de las empresas sobre la calidad de la sanidad. De Estados Unidos no solo llegan películas, hamburguesas y modas comerciales, también llegan modas económicas y políticas: el mercadocentrismo (el mercado en sustitución de la política, el interés privado sobre el colectivo) también se está colando en nuestros sistemas de Bienestar.

No hay que irse a EEUU, como digo. Cuando hablamos de neoliberalismo y de catástrofe, basta con mirar la ya clásica tríada pepera: Madrid, Valencia, Murcia. Las comunidades que bloquean o privatizan la asistencia a los dependientes, las que menos invierten en educación o las que ponen en manos de empresas la gestión de las competencias que libremente decidieron desarrollar en sus estatutos de autonomía.

De los centros sanitarios construidos en Madrid en los últimos años, 17 están gestionados en mayor o menor medida por empresas privadas y uno de ellos (Valdemoro) lo está completamente, siguiendo el modelo del valenciano hospital de Alzira que literalmente quebró en su primer año y tuvo que ser rescatado con dinero del Estado. ¡Toma eficiencia, toma eficacia!. En este último tipo de hospitales corresponde a la empresa privada  la construcción del edificio, la dotación del equipamiento y la contratación de todo su personal, incluido el sanitario. Una privatización en toda regla que ha sido denunciada incluso por la Organización Mundial de la Salud.

En el modelo mixto (o directamente privado) de la sanidad, las administraciones que no quieren serlo (que no quieren administrar servicios) pagan a empresas privadas una cantidad determinada por cada paciente durante 30 años, que es lo que duran los contratos (para evitar que un eventual cambio de gobierno los rescinda). Esta cantidad pagada por las comunidades a dichas empresas es superior a lo que tendrían que invertir si la gestión fuera directamente pública. Se rompe el mito de la eficiencia. La sanidad sale más cara.

El mito de eficacia también cae por su propio peso (si seguimos pensando -puede que crédulamente- que el objetivo último de la sanidad es la de proporcionar salud a los ciudadanos y no el enriquecimiento de los amigos de la marquesa o el molt honorable de turno) , ya que en esos hospitales gestionados por empresas (con mentalidad y objetivos empresariales) se recortan gastos en personal, materiales, etc cometiéndose auténticas barbaridades contra los derechos de los pacientes. Tampoco mejoran las listas de espera, todo lo contrario. La sanidad es de peor calidad.

Sí, nos engañan, nos estafan, les votamos. Juegan con nuestra salud, con lo más básico. Llámenme, llámennos demagogos, que ahí están los datos, para quien los quiera discutir.

Adam Smith, considerado el liberal original y seguramente más puro, sustraía la educación y la sanidad -además de la seguridad, la administración de justicia y la defensa nacional- del ámbito de lo privado. Consideraba, sencillamente, que estos eran ámbitos que no interesaban al sector privado. El Estado debía proporcionar seguridad exterior e interna a sus ciudadanos, además de protegerlos de la opresión. Pero este ultraliberalismo de hoy, esa mano trocada en garra, no entiende de límites, ni de ética, ni de democracia. Este ultraliberalismo es la opresión misma.

La mayoría de los medios y encuestas coinciden en que si hoy hubiera elecciones, Mariano Rajoy -perdedor en dos ocasiones frente a Zapatero- se encontraría con una mayoría suficiente para entrar en la Moncloa.

Y digo que la derecha se encontraría de bruces con la presidencia a pesar de no haber salido a buscarla, a pesar de no haber hecho ni una sola propuesta más allá de las vaguedades habituales (“la mejor política social es el empleo”, etc).

La situación es muy gráfica. Así nos la dibuja Peridis en El País de hoy.

Un Rajoy hierático, descansado. Un Cristobal Montoro loco de contento ante las malas cifras de la economía española… y un Zapatero, que varita en mano no parece  dar con la fórmula correcta. Nótese que según el dibujo, también Toxo y Méndez aparecen en frente (enfrentados) al gobierno. No parece, ciertamente, que el conjuro de las pensiones, anunciado a la ligera, haya caído bien entre los sindicatos ni entre los trabajadores. El 84% de los españoles rechaza el retraso de la jubilación. Ante esta última propuesta, Rajoy tampoco ha tenido que abandonar su proverbial siesta: el gobierno se desgasta solo. Rajoy pretende llegar a la Moncloa callando más que diciendo… y para él, quizás este sea el único modo de conseguirlo.

Para completar el plantel aparece Díaz Ferrán saliendo de una alcantarilla. Este representante de lo peor y más ruin del empresariado español, que se mostró conforme con el retraso de la jubilación llegando a proponer que se trabaje hasta los 70.

Hace falta una reacción por parte del gobierno. Y no una reacción en la política de comunicación o de maquillaje, como se le pide desde algunos ámbitos del Partido Socialista. Lo importante no es encontrar una forma más atractiva de “vender” como algo positivo cosas como la reforma en el sistema de pensiones. La reacción debe venir en la propia política económica del gobierno.

No hay que convencer a los ciudadanos de que a más esperanza de vida, jubilación más tardía, con tal de justificar una política que va en contra de los derechos de los trabajadores. Hay que buscar nuevas fórmulas para garantizar el futuro del sistema público de pensiones sin perjuicio de la mayoría de los ciudadanos. Mejor que trabajar más años es ser más productivos, optar por un modelo económico que abandone razonamientos especulativos, optar por unos impuestos más progresivos, perseguir el fraude fiscal y la economía sumergida, detener la sangría de recursos ocasionada desde hace años por la sistemática rebaja de impuestos en beneficio de los que más tienen, mantener o aumentar -en lugar de reducir como propone la CEOE- las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social… y otras tantas medidas sociales que hagan real el motto con el que entramos en esta crisis: “que no la paguen los trabajadores”. Que no sufra el eslabón más débil de la cadena, que los que ya son víctimas, no lo sean aún más quedando indemnes los culpables de todo esto.

En resumen, necesitamos algo más que un aderezo en el envoltorio (que para eso sirve a veces la política de comunicación), hace falta que cambie el contenido de algunas de las políticas llevadas a cabo por el gobierno.

De no producirse esta reacción, Mariano se despertará de su siesta en 2012 para desperezarse en la Moncloa, para dar rienda suelta a todas esas políticas radicalmente antisociales que callan y ocultan a la ciudadanía. Cuando en España se esté desarrollando el programa electoral de Díaz Ferrán, será demasiado tarde.

Si un gobierno puede sacar a España de la crisis sin provocar una catarsis en los derechos sociales, ese es, debe ser, el gobierno del Partido Socialista. Tenemos que convencer de ello a partir de los hechos, no proponiendo cosas que incluso generan desencuentro en el consejo de ministros y que nos enfrentan con los trabajadores. Si alguien piensa que saldremos de la crisis -sin provocar una crisis en los derechos sociales- bajo un gobierno del PP, es realmente ingenuo o no se acuerda del decretazo, ni de la congelación de salarios, de la subasta de recursos públicos “a una peseta” en beneficio de gente como Díaz Ferrán, o no sabe que es lo que está pasando en las comunidades de Madrid, Valencia o Murcia con los servicios públicos…

Y no me refiero al vocabulario de la lenguaraz marquesa, a ese suceso-árbol que tapó todo un bosque de liberalismo sui generis y falaz, de mangoneo gubernamental en Caja Madrid a costa de un hipócrita discurso ‘no intervencionista’.

Más que a la educación personal de la chabacana presidenta, me gustaría referirme una vez más al tipo de educación que reciben esos niños y niñas madrileños que no pueden o no quieren engrosar las cuentas del selecto British College que contempló a nuestra Aguirre. Hablar una vez más del estado de la educación madrileña, de la mala educación, de esa llaga sangrante que venimos denunciando desde hace tiempo.

La lista de agravios y despropósitos contra la calidad de lo público sería prácticamente interminable, los últimos episodios dan buen ejemplo de ello: el escándalo del Álamo o la gañanada de los portátiles quema-retinas.

Como podemos leer en Público, el gobierno de Aguirre ha recibido nueve sentencias en relación con la educación en el plazo de un año. La última a iniciativa del ayuntamiento socialista de Parla “contra el criterio de admisión de alumnos en los colegios de la localidad establecido por la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Fígar”.

El ayuntamiento que dirigió Tomás Gómez recurrió una norma de Educación que “segregaba” a los alumnos según el nivel económico de sus familias. Nueva muestra de la barbaridad institucionalizada en esta comunidad en la que a la segregación por sexos (mediante la subvención de centro del Opus y Legionarios de Cristo) o a la segregación por rendimiento académico (Madrid insta a organizar en cada curso académico grupos de listos y menos listos) hay que sumar también la segregación económica, consecuencia lógica derivada de unas políticas anti-sociales que han llevado al sistema educativo madrileño a los puestos de cola. Unas políticas que comprometen el futuro de la región.

Las políticas de Aguirre y de su consejera Figar, van en contra de la Justicia y de la justicia, pero aquí nadie da explicaciones y por supuesto, por supuestísimo, nadie dimite.

Nota: los comentarios temporalmente tendrán moderación, es decir, deberán ser aprobados por mí hasta que resuelva un incómodo problema de mensajes spam. De haber comentarios, todos serán aprobados, como no puede ser de otro modo.

Nota 2: si alguien ha notado la ausencia de estas lineas durante el último mes primero perdón y luego gracias. Perdón por la ausencia y gracias porque a pesar del lapso estás leyendo esto con ganas de debatir y de conversar, como siempre. Tenemos mucho de qué hablar

El final del Patio Maravillas mata un poco más a este Madrid ya  malherido, víctima de tantas y tan graves aflicciones. La historia del Patio es la lucha dialéctica entre el Madrid que quiere vivir y a vivir empieza y el Madrid que declina y bosteza. Una lucha entre la herrumbre, el polvo y la especulación y el arte, la creación, la acción ciudadana.

Un antiguo edificio abandonado en el barrio de Malasaña que su propietario dejó arruinarse durante años para proceder a su demolición y conversión en despachos y oficinas. Lo mismo que se ha hecho son cines y teatros en otras partes de la ciudad.

Un grupo de jóvenes decidió recuperar ese lugar abocado a la ruina y llamado a ser carne de especulación, para convertirlo en un espacio abierto a la ciudadanía en el que se llevaban a cabo todo tipo de actividades culturales, talleres, conciertos, proyecciones de cine, charlas y acciones reivindicativas en las que participaban los vecinos del barrio.

Y en la lucha librada entre esos dos modelos antagónicos de ciudad, ha prevalecido el modelo gris, el modelo “en negro” que propone esta derecha que ha convertido Madrid “en un páramo cultural”, en una sombra de lo que comenzó a ser.

Iba a terminar aquí esta reflexión, este homenaje al Patio Maravillas y a lo que representa, cuando he visto en el blog de Ignacio Escolar un apunte sobre la identidad de uno de esos hombres del traje gris que ven ladrillos y billetes en todos lados (en la sanidad, en la educación, en la cultura, ya saben).

Un apunte sobre la identidad del propietario del edificio en cuestión, que ha resultado ser un viejo conocido de mi ciudad -Alcorcón-. Leopoldo Arnáiz. ¡Tanto tiempo sin saber de él!

Leopoldo Arnáiz metió sus manos en Alcorcón cuando el PP gobernó la ciudad por última y única vez.  A raíz de las relaciones entre Pablo Zúñiga, ex alcalde pepero de Alcorcón y el empresario Arnáiz, el edil fue procesado por asociación ilícita para la comisión de delitos relativos al mercado y a los consumidores, por prevaricación, revelación de secretos, aprovechamiento de información privilegiada, cohecho, negociaciones y actividades prohibidas, maquinaciones para alterar el precio de las cosas y blanqueo de capitales. El alcalde salió escaldado del ayuntamiento y según dicen, vive “exiliado” en una casa de lujo fuera de la ciudad.

Por si fuera poco, el nombre de Arnáiz también se vio envuelto en el caso del Tamayazo, ese golpe de Estado que quitó a la izquierda el gobierno de la Comunidad de Madrid. También se ha sabido de Arnáiz por su relación con negocios urbanísticos en Boadilla, cuna de la rama madrileña del caso Gürtel.

Así que este tipo es el que transformará el Patio Maravillas -y su coro, y su cine, y sus talleres infantiles- por un edificio de lustrosas oficinas.

Este tipo de tipos son los que prosperan en este Madrid casposo y envenenado. Son estos tipos los que convierten los cines y los teatros de barrio en fríos centros comerciales, o en el mejor de los casos, los que los renombran con marcas de empresas multinacionales extranjeras (Teatro Calderón de Madrid).

Pobre Madrid, dejan que te arruines y te agrietes para demolerte, plastificarte, cambiarte y venderte al mejor postor.

Esperanza Aguirre decidió privatizar el colegio público Miguel Ángel Blanco en la localidad madrileña de El Álamo. Privatizarlo, convertir lo que es de todos -por derecho- y lo que ha sido pagado por todos, en el lucrativo negocio de un amigo cualquiera. Más malversación, más corrupción: hay que decirlo una y cien veces.

Las concentraciones, las manifestaciones, las protestas de los vecinos y de todos los ciudadanos que nos solidarizamos con ellos, no pudieron detener las intenciones de la señora marquesa, que sigue a velocidad de crucero la estela de su admirada Margaret Thatcher en esto de la destrucción de los servicios públicos.

Se presentó ante los tribunales una denuncia y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón a quienes la tenían. El TSJM anuló en su sentencia la parte del Decreto por el que la Comunidad de Madrid pretendía eliminar el colegio del Álamo de la lista de centros públicos de la región al estimar que la privatización no se ajusta a Derecho al ir  en contra de la Ley que regula esta materia y por “la gran demanda” que había en el municipio para el centro público.

Una victoria de los vecinos, de las familias y de la sociedad en general frente a un gobierno que solo mira por el interés particular y que alienta el privilegio con su política antisocial.

Pero… ¿iba a detenerse Esperanza Aguirre por una decisión judicial? ¿por una nimiedad así? Claro que no, la lideresa de ese partido que se aboga la defensa exclusiva del Estado de Derecho no iba a cejar en sus pretensiones.

Ahora conocemos que, ya que no es legal la privatización, la ínclita presidenta de la región se dispone -directamente- a eliminar el colegio público Miguel Ángel Blanco. Sí, un colegio de reciente construcción que costó dos millones del erario madrileño.

Se suprime un colegio nuevo aduciendo que “no es necesario” mantenerlo. Si no lo es, ¿para qué se construyó? Para especular con él, para mercadear con los derechos de los ciudadanos, para poner en manos privadas el fruto de nuestros impuestos. Se nos ha estafado una vez más.

Esto es lo que está pasando en la Comunidad de Madrid día tras día, el abandono de los servicios públicos es patente y la situación comienza a ser insostenible. Así es como defiende la derecha “la infancia” y “las familias”, con hipocresía pura y delincuente.

Con motivo de los ya próximos exámenes de enero, me he abstenido de comentar en esta bitácora las últimas noticias del extinto 2009. Sin embargo no he podido ni he querido dejar de hacer referencia a esta aberración sin precedentes con la que comenzamos el año los sufridos madrileños.

Al “abrir” los diarios digitales me he encontrado con que la plataforma conservadora y ultracatólica “hazte oir”, muy activa en distintas manifestaciones contra del gobierno socialista  y defensora a ultranza de un modelo tradicional y excluyente de familia, tendrá su propia “carroza” -valga la redundancia- en la cabalgata que llevará a sus Majestades de Oriente por las calles de Madrid.

Así pues, no sólo los niños disfrutarán de este cinco de enero como venía siendo habitual. También lo harán los integrantes de la caterva conservadora madrileña, con su baba y su bilis cotidiana.

Una muestra más de que el Partido Popular practica en esta comunidad un ejercicio continuo de malversación. Telemadrid, usada como altavoz partidista, es malversación de caudales públicos. La “ayuda voluntaria” del Ayto. de Madrid (institución pública) para la celebración del último aquelarre supersticioso convocado por la Iglesia Católica (institución privada) en la plaza de Colón, es malversación. La conversión de una cabalgata en una manifestación política, es malversación, es utilización partidista de lo que es de todos. Es sencillamente repugnante.

Ahí tienen al moderado y dialogante Gallardón y a la “liberal” Esperanza Aguirre adoctrinando, o dejando que se adoctrine… ¡en una cabalgata de reyes!, permitiendo desfilar a Hazte Oir, una organización radical, posicionada políticamente y claramente alineada con las tesis de la jerarquía católica y la derecha (PP… y más allá).

Desde la oposición y desde COGAM, asociación que defiende los derechos LGTB (colectivo tan maltratado desde Hazte Oir) se ha exigido la dimisión fulminante del concejal madrileño Luis Miguel Boto (responsable de la autorización) y se ha condenado la repugnante contaminación de una fiesta infantil mediante unas inasumibles connotaciones políticas, religiosas y morales.

¿Cómo vamos a pedirles la separación Iglesia-Estado y que respeten la ética pública laica de las instituciones, si no son capaces de hacerlo ni siquiera para que la fiesta quede en paz?